La guerra del CEO - Por Adrián Murano
15.11.2012 Fuente Revista Veintitres
A menos de un mes del 7D, Héctor Magnetto arengó a su tropa en “La Feliz”. La estrategia del Grupo para librar la batalla final contra la Ley de Medios.Veintitrés días. Al cierre de esta edición –miércoles 14– eso es lo que le quedaba al Grupo Clarín para fraguar su ofensiva final contra la ley.
Urgido por el calendario y los contratiempos en su estrategia judicial, Héctor Magnetto arengó a su tropa durante un retiro de lujo a orillas del Océano Atlántico. Fueron dos jornadas de catarsis, tensiones, lamentos, arrebatos y advertencias apenas matizados por el exquisito catering del Hotel Costa Galana y el reconfortante aire prístino de Mar del Plata. Convocados para participar de la 18ª Convención Anual del Grupo, más de un centenar de gerentes y directores de medios escucharon las instrucciones que guiarán el ataque. Y aunque Magnetto recurrió al críptico lenguaje corporativo para ocultar el trazo fino de su estrategia, los empleados del Grupo se fueron de “La Feliz” con la certeza de que se combatirá en tres frentes: el judicial, el político y, claro, el mediático.
La puesta se cuidó al detalle, con ejército de seguridad privado
incluido, para evitar que declaraciones inconvenientes se filtraran a la
prensa. A pesar de esas precauciones, el sitio corporativo del Grupo
difundió los principales pasajes del discurso de Magnetto. No hace falta
tener conocimientos avanzados en política, poder y negocios para
decodificar el mensaje. Eso sí: ciertas frases no son aptas para
estómagos delicados, como esa en la que el CEO aseveró: “Nosotros
defendemos lo que creemos es una organización saludable y racional para
el ejercicio de la comunicación independiente. Tenemos el deber de
honrar el estado de derecho y la institucionalidad que sostenemos”. La
evocación republicana suena extraña en boca de alguien que pactó con una
dictadura genocida y que presionó sin pudor a todos los gobiernos
democráticos para obtener más y mejores negocios.
Sin temer a la
retórica cínica, el CEO llamó a utilizar los recursos periodísticos del
Grupo para defender los intereses corporativos: “Periodismo y propaganda
siempre fueron antítesis. Poder hacer periodismo cuando todo en el
entorno conspira contra ello es aún más difícil, pero a la vez es una
oportunidad. Hacerlo con la vocación de masividad e inclusión que tienen
nuestros medios, nos pone casi en un lugar único”, dijo, sin distinguir
los intereses informativos de los comerciales.
Magnetto hilvanó
su discurso en torno al 7D, la fecha en la que, según el fallo de la
Corte Suprema, caducará la medida cautelar con la que Clarín logró
burlarse de la ley. Con ese mecanismo, el Grupo consiguió frenar por
tres años la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios que
prescribe la adecuación de los multimedios cuyas tenencias superen los
límites previstos en la norma. En su fallo, el máximo tribunal no avanza
sobre la cuestión de fondo –Clarín plantea la inconstitucionalidad del
artículo–, pero establece con meridiana claridad tres cosas: que la ley
no afecta la libertad de expresión; que el 7 de diciembre, de no
resolverse antes el planteo de fondo, caerá la medida cautelar, y que el
plazo para presentar un plan de adecuación venció en diciembre de 2011,
por lo que el 7D oficia de límite máximo para que se presenten los
proyectos de desinversión. Magnetto, sin embargo, fue fiel a la línea
editorial que impuso a sus medios: “El Gobierno –dijo el CEO– hizo una
interpretación absolutamente distorsionada del fallo de la Corte, que
pretende dejarnos a nosotros en igual situación que a aquellos que jamás
fueron a la Justicia, ni lucharon, ni obtuvieron fallos favorables a la
presunción de inconstitucionalidad en todas las instancias. Esto, en
cualquier país del mundo, sería el origen de causas penales contra
funcionarios por incumplimiento de sus deberes”. Traducido: el ejército
de abogados que asesoran al Grupo trazó una estrategia que busca
despegar a Clarín de la suerte de sus competidores. El argumento: que no
se les puede aplicar a ellos el mismo plazo que al resto, ya que,
durante este período, el Grupo estuvo amparado por una decisión
judicial. El detalle, sin embargo, ya fue zanjado por la autoridad de
aplicación. En varias resoluciones internas y exposiciones públicas, la
AFSCA argumentó que hubiese sido injusto –e incluso beneficioso para
Clarín– que el organismo aplicara la norma a los competidores menores
del multimedios que más viola los límites fijados por la ley.
En
tren de congraciarse con quienes deben resolver su planteo judicial,
Magnetto extendió su mano hacia la corporación tribunalicia: “Se han
querido llevar por delante un fuero entero del Poder Judicial, a un
organismo constitucional como el Consejo de la Magistratura y hasta la
propia Corte Suprema”, dijo, en referencia a la pulseada que oficialismo
y oposición vienen librando en el Consejo de la Magistratura por la
nominación de magistrados y las denuncias K contra camaristas que deben
resolver en el expediente. Atentos, en el Costa Galana escuchaban las
reflexiones del CEO, sin sonrojarse, algunos de los directivos del Grupo
que compartieron un tour por Miami con los jueces que participaron de
un foro sobre telecomunicaciones parcialmente financiado por Clarín.
Fue, precisamente, esa escapada la que disparó una investigación
judicial que buscará determinar si el Grupo pagó dádivas para aceitar la
voluntad de magistrados que debían decidir en la causa.
En el
plano político, la estrategia dispuesta por Magnetto apuntará a
capitalizar las expresiones de descontento a la cacerola, como la
ejecutada el 8N, combinadas con presentaciones parlamentarias y
declaraciones altisonantes de asociaciones internacionales de patronales
de prensa y afines. El CEO ratificó esa vía sin reparar en falsas
modestias: “Somos una piedra en el zapato a este estado de
excepcionalidad permanente, a esa pose refundacional del país, somos un
límite para la difusión acrítica de un relato en el que las grietas e
inconsistencias son cada vez más visibles”, dijo, relegando casi a la
nada a sus socios pigmeos como La Nación. Estuvo ingrato, el CEO:
precisamente esta semana, Bartolomé Mitre, director del periódico
centenario, había realizado una esforzada defensa corporativa de su
socio de Papel Prensa en la revista Veja, del Brasil. Una entrevista
donde dejó al aire la variedad de prejuicios y miedos antipopulares que
habita desde siempre en la crema del poder real (ver recuadro).
Es
imposible saber a ciencia cierta quién le da letra a quién, pero lo
cierto es que el siguiente párrafo proferido por Magnetto suele ser
repetido, palabras más o menos, por todos los periodistas estrella del
Grupo: “Va quedando cada vez más claro que la culpa no es del mensajero,
que la realidad es la realidad aunque quieran ocultarla. Que ni Boudou,
ni la tragedia de Once, ni el cacerolazo, ni el cepo cambiario, ni la
inflación, ni la inseguridad fueron invento de los medios. Al revés, la
gente hoy percibe claramente que hay cada vez menos medios que se lo
cuentan”. La arrogancia, por lo que se ve, es otro rasgo corporativo del
Grupo.
Complicado en el frente judicial y debilitado en el
político por el moderado peso específico de sus aliados, Clarín apuesta a
fortalecerse en el terreno que mejor maneja: el de las operaciones
mediáticas.
Con pericia de experto, el Grupo logró generar una
corriente de simpatía en su público presentándose como el David de una
pelea desigual. En el tiempo que queda hasta llegar al 7D, el Gobierno
debería evitar caer en la tentación que le propone el multimedios:
polarizar la discusión en torno a Clarín es favorecer su estrategia de
mostrarse como víctima. Entre los múltiples méritos que tuvo el largo y
amplio debate de la norma, estuvo haber establecido que, con
independencia de quién resultaría patrimonialmente afectado en la
primera etapa de adecuación, el nuevo esquema de medios no era en contra
de nadie, sino a favor de todos. Desde el comienzo Clarín buscó,
precisamente, establecer lo contrario: que la ley llevaba su nombre. El
propio Magnetto lo recordó en el discurso ante sus fieles: “Es una ley
con nombre y apellido, escrita casi escandalosamente contra nosotros.
Una ley que, sin ninguna duda, viola claramente varios derechos
constitucionales”. Y agregó: “Esto, que en cualquier lugar del mundo
daría lugar a un proceso sin sobresaltos ni exabruptos para garantizar
nuestro derecho de defensa, aquí se transformó en una obsesión de
Estado, en un camino plagado de irregularidades donde fuimos penalizados
una y otra vez simplemente por respaldarnos en la Constitución”.
Esa
capacidad para mezclar argumentos emocionales –la victimización– con
legales –el planteo de constitucionalidad– le permitió a Magnetto
obtener defensores incluso entre colegas empresarios a los que alguna
vez sometió. Eso no evitó, sin embargo, que el CEO los humillara desde
su púlpito marplatense: “Es mucho lo que hemos hecho para preservar el
capital simbólico y empresario del Grupo Clarín, en un momento histórico
donde ambas cosas se relativizan cada vez más. Frecuentemente las
empresas se venden al mejor postor, no importa a qué se dedique o de qué
lugar del mundo sea. Y desde lo intangible, las convicciones de muchos
suelen acomodarse al interés de la coyuntura. La Argentina de los
últimos años ha dado varios ejemplos de esto”, resumió el empresario,
invocando para sí los valores éticos y morales que le niega al resto de
la constelación mediática a la que, sin embargo, no duda en recurrir
para involucrarlos en la defensa de sus intereses. Días pasados, por
caso, se conoció la realización de una reunión secreta entre directivos
del Grupo y el diputado-empresario de medios Francisco de Narváez. El
resultado de ese almuerzo fue una proclama a favor de Clarín publicada
en tapa de El Cronista Comercial, el diario que es propiedad del
diputado. Lo que De Narváez obtendrá a cambio de sus servicios, por
ahora, permanece en secreto.
Magnetto cerró su arenga como
corresponde a un general en guerra: “El capital simbólico y empresario
es algo que vamos a defender con toda la decisión, con toda la fuerza y
con toda la inteligencia que podamos”, dijo. Los gerentes no necesitaban
traductores para conocer el verdadero significado de esas palabras
finales.
_______________________________________________________________________________
Mitre se fue al pasto
Argentina
no es más un país culto... Hay una elite de este país que piensa de una
manera y una clase baja que no se informa, no escucha, no toma
conciencia y sigue a la Presidenta. Cuanto menos cultura hay, Cristina
obtiene más votos”, dijo Bartolomé Mitre, director del diario La Nación,
en un reportaje a la revista brasileña Veja. No se privó de nada y
agregó: “Vivimos en una dictadura de los votos”. En defensa de su socio
Clarín, en Papel Prensa, dijo: “La limitación de la libertad de prensa
en nuestro país afecta a todos. La libertad de Clarín es la libertad de
toda la prensa argentina… Tampoco creo que Clarín tenga demasiado
poder”. Como si bajara de una nave espacial, acusó: “Hay conglomerados
casi tan grandes como Clarín, pero nadie habla de obligarlos a adaptarse
a la nueva Ley de Medios porque son amigos del Gobierno”. Sin embargo,
dijo que después del 7D “todos los canales abiertos del país serán
monótonamente iguales, con la agenda establecida por el Estado y no
podrán decir la verdad a riesgo de ser tildados de oposición y perder la
gruesa publicidad del Estado… El siguiente paso será el dominio de los
medios impresos. El Gobierno ha dicho que… tiene la intención de
expropiar Papel Prensa”. Un tema que lo preocupa, porque su empresa
monopoliza el control del papel. La recibió de manos de la dictadura
militar y le permitió asfixiar a más de 200 diarios que debieron cerrar
sus puertas. Y encima, sabe que el juez federal Julián Ercolini debe
decidir si lo cita a indagatoria junto a Magnetto, en el caso Papel
Prensa, como partícipe necesario de delitos de lesa humanidad. ¡Ay
Bartolo!
_______________________________________________________________________________
La aplicación de la ley
Por Tali Goldman / tgoldman@veintitres.com
El
miércoles 14 de noviembre Martín Sabbatella, titular de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), brindó la tan
esperada conferencia de prensa en la que explicó de manera clara y
didáctica los pasos a seguir de cara al 7 de diciembre. En la
exposición, que tuvo lugar en la Manzana de las Luces, Sabbatella
explicó los motivos por los cuales los medios de comunicación deberán
adecuarse a la ley antes del plazo establecido por la Corte Suprema de
Justicia. A grandes rasgos, se puede hablar de dos causas que llevarían a
varios grupos mediáticos a desprenderse de algunos de sus medios. Por
un lado, deberán adecuarse a las “condiciones de admisibilidad” y, por
el otro, a la “cuota de mercado y multiplicidad de licencias”.
En
el primer caso, se hace referencia al incumplimiento de la ley por
tener entre sus socios o bien a un funcionario de un otrora gobierno de
facto o un funcionario público. Además, no pueden ser prestadores de un
servicio público (hasta el 10% participación) o ser subsidiarios de una
empresa extranjera (hasta el 30% de participación). Los grupos que
deberán adecuarse por “admisibilidad” son Pampa Difusora, Uno Medios,
Ick y Grupo Prisa.
En cuanto a los grupos que deberán adecuarse
por “cuota de mercado y multiplicidad de licencias” se puede hablar de
varias causantes.
En primer término, tendrán que ajustarse los
grupos que superen el 35% de cobertura de la población para los que
utilizan el espectro radioeléctrico, servicios de televisión por aire y
servicios de televisión por cable. Por ejemplo, el Grupo Clarín tiene
actualmente en AM/FM el 41,88%, en TV abierta el 38,78% y por cable el
58,61%.
En segundo término, los grupos deberán adecuarse por
exceso nominal de licencias a nivel nacional. Esto es, que no pueden
tener más de diez licencias con utilización de espectro radioeléctrico y
no más de 24 licencias de televisión por cable. En este caso deberá
adecuarse el Grupo clarín que, por ejemplo, computa un total de 237
licencias de televisión por cable. Además lo deberán hacer el Grupo Uno,
Cadena 3, Jorge Ricardo Nemesio, y Radiocadena Eco.
En tercer
lugar, deberán acomodarse quienes presenten incompatibilidades cruzadas a
nivel nacional. O sea, cuando exista una contradicción entre quienes
poseen un servicio satelital con otras licencias. Por ejemplo, DirecTV,
que es licenciataria de un servicio satelital, es además accionista en
Torneos y Competencias, productora de las señales TyC Sports y TyC Max.
En
cuarto lugar, los medios deberán ajustarse si presentan
incompatibilidades cruzadas con señales. Es decir, quienes ofrecen
servicios con utilización de espectro radioeléctrico pueden tener un
solo registro de señal y quienes ofrecen servicios de televisión por
cable no pueden contar con señales, excepto la de generación propia.
Este es el caso de Clarín, con 9 señales, y Grupo Uno, con 3 señales,
entre otros.
El quinto punto tiene que ver con el exceso nominal
de licencias a nivel local: se puede poseer hasta tres licencias de
cualquier tipo. Por último, no podrá haber incompatibilidades cruzadas a
nivel local, o sea, un mismo medio no tendrá permitido tener servicio
de televisión por cable y de televisión abierta, en la misma área
primaria.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en un clima de
amabilidad y respeto tanto por parte de los periodistas como del equipo
liderado por Sabbatella. Sin embargo, un momento de tensión se vivió
cuando Alejandro Alfie, periodista de Clarín, tildó de “mentiroso” al
titular de la AFSCA, con la intención segura de provocar su enojo.
Sabbatella, fiel a su estilo, no le dio el gusto.