LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina

Grupos Concentrados

DEFORESTACIÓN y DESALOJO

El FNC (Frente nacional Campesino) quiere poner en conocimiento del pueblo y de las autoridades competentes los padecimientos de los campesinos, Criollos y Originarios, del Interfluvio Teuco – Bermejito, en El Impenetrable, departamento Gral. Güemes, provincia del Chaco, Republica Argentina.
En los parajes  del Interfluvio Teuco – Bermejito conviven desde hace siglos miles de personas, centenares de familias, tanto criollos como indígenas. En el Interfluvio existen panoramas contrastantes: paisajes naturales cautivantes y pobreza extrema; en los últimos años el estado nacional ha invertido mucho en nutrición, salud, vivienda y educación, pero las injusticias y sus consecuencias sigue humillando a una parte de los pobladores.

Fuente: FNC
fncampesino@gmail.com

Parrilli :Clarín miente

Secretario General de la Presidencia 'Clarín miente'

El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, aseguró que el Grupo Clarín 'miente' respecto a la controversia generada por la antena que radio Mitre tenía en un predio del Ejército en Villa Martelli y afirmó que, tras una decisión judicial, 'se llegó a un acuerdo' y el multimedios se 'comprometió' a mudarla... ...  a otro lugar. 'Nosotros tenemos un conflicto con radio Mitre, con el grupo Magnetto desde 2009 por una antena de radio Mitre que tenía en Villa Martelli', señaló Parrilli en diálogo con radio Continental, para luego repasar los detalles del acuerdo firmado en su momento entre la emisora perteneciente al Grupo Clarín y el Ejército.
En ese contexto, Parrilli recordó que 'a partir de 2009, cuando decidimos hacer Tecnópolis le venimos exigiendo al Grupo Clarín que tenía que desalojarla. Iniciamos las gestiones y no hubo caso, hubo que iniciar un juicio de desalojo, juicio de cobro de alquileres, iniciar una medida cautelar'.
Asimismo, aclaró que el grupo debería haber instalado la antena en un principio en la localidad bonaerense de Hurlingham, y no en Villa Martelli, ya que no poseían autorización del COMFER.
'Tres años hemos estado con este juicio. Finalmente, en diciembre del año pasado, cuando veían que la orden de desalojo era inmediata, solicitan una audiencia y se llegó a un acuerdo, y se comprometieron a partir del 4 de enero a retirar la antena', añadió.
Parrilli también justificó el pedido de desalojo de la antena del lugar donde se iba a realizar Tecnópolis ya que 'había riesgo para la gente porque había tendido de alta tensión'

Trabajadores despedidos de Canal 13

La revolución comunicacional

Publicado el 28 de Agosto de 2011 -Tiempo Argentino
Desde su programa en la madrugada de los sábados por Radio Continental, Feinmann desmitifica la existencia del periodismo independiente y más aún, analiza cómo las propias empresas de medios son muchas veces presa de los grupos hegemónicos. Ejemplifica con el caso reciente del juez Zaffaroni y plantea su teoría sobre los objetivos reales de los emporios informativos
  El tema elegido es un tema central en el mundo en que vivimos: los medios de comunicación. En el siglo XIX,  Marx profetizó una revolución que puso en manos de una clase social: el proletariado. Esa clase social iba a funcionar como una clase redentora  de la historia. El proletariado industrial que Marx creía que iba a ser  el proletariado industrial británico, iba también, junto a la unión de otros proletariados de otros países, a llevar a la humanidad a una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados, en la cual el cordero dormiría junto al león.
Esa revolución, el proletariado la iba a hacer contra la burguesía. Así como la burguesía había hundido al feudalismo, el proletariado habría de hundir a la burguesía.

Aumento abusivo de Cableoperadores

Mar del Plata,  4 de mayo de 2011

ATTE  Marcela Ognin   
Gerente de Programación
Multimedios La Capital CANAL 2
S                     /                    D
De nuestra mayor consideración:

                    RUBEN MUÑOZ y WALTER WOLFRAN, en nuestro carácter de Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación Civil “C.A.P.R.I.C.A. Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales”, con Personería Jurídica Matrícula Nº. 36.867 y  CUIT Nro 30-71173667–7 con domicilio en calle Mitre 3845 de la ciudad de Mar del Plata, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de transmitirle nuestra preocupación y manifestarle nuestro total desacuerdo en relación al aumento pretendido en más de un 50 % del costo de las tarifas por uso del espacio en vuestra señal que fuera notificada a nuestros asociados mediante correo electrónico remitido con fecha 3 del corriente.
                    C.A.P.R.I.C.A.  es una Asociación Civil integrada por Productores Independientes de Contenidos de Televisión y Radio, quienes hemos decidido conformar una Cámara que tiene representación legal en todo el territorio de la República Argentina, si bien inicialmente la mayoría de nuestros asociados desarrollan su actividad en la ciudad de Mar del Plata, y como tales realizan sus productos audiovisuales que son emitidos en las señales locales, entre ellas Canal 2.
             Si bien los objetivos de nuestra institución son amplios, y están claramente plasmados en el art. 2 de nuestro Estatuto Social , podemos decir que nuestro principal objetivo es la defensa de los derechos e intereses de los productores y realizadores independientes.
                    Es claro que esta defensa la realizamos en el marco de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522, fijando pautas y lineamientos éticos en pos de optimizar la calidad profesional de los contenidos audiovisuales y plasmar en los mismos los objetivos y contenidos que la Ley regula y protege           

La verdad oculta

El hegemónico grupo Clarín está tan acostumbrado a ser el dueño de la realidad en la Argentina que en la defensa de sus negocios es capaz de todo, incluso hasta de barrer con reglas básicas del periodismo como chequear la información antes de publicarla. Con su credibilidad amenazada como ningún otro medio, el matutino de Noble y Magnetto ha iniciado, junto a su socio La Nación, una campaña de clara deslealtad comercial contra otros medios de comunicación que no han elegido ser opositores a cualquier precio y según las conveniencias coyunturales propias. Por eso, publica con insistencia información incompleta y parcial sobre la distribución de la publicidad oficial.
Aunque el matutino -que teme dejar de ser el “gran diario argentino”- omite en sus artículos del jueves 3 y el lunes 7 de marzo que Clarín ha sido justamente el mayor beneficiario de las pautas de los últimos gobiernos, incurre además en una serie de falsedades que contribuyen a la construcción de una realidad a medida de sus intereses. Incluso, soslaya la contradicción ética de reclamarle a un Estado al que ataca sistemáticamente y al que no ha dudado en perjudicar con beneficios propios como los de la pesificación asimétrica o la privatización de fondos previsionales.
Fuente: Diario El Atlantico-Mar del Plata

Vinculos sospechosos

La Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) consiguió que los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo, integrantes de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, aceptaran el amparo presentado por esa ONG a favor de Fibertel y revocaran la Resolución 100 dictada por la Secretaría de Comunicaciones en el mes de agosto del año pasado.
La resolución, derogada por Medina y Recondo, había declarado la caducidad de la licencia de Fibertel para la prestación de los servicios de transmisión de datos en el ámbito nacional, telefonía local y telefonía pública.
La ADC está integrada por abogados que son titulares de un estudio que asiste o asistió al grupo Clarín y a Cablevisión, por lo cual la ONG beneficiada por los dos jueces de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, tiene un doble vínculo con Fibertel: uno, el del interés general que dice perseguir con la presentación de su amparo; otro, el interés profesional en la relación que por pasado o presente tienen sus integrantes con la empresa que se beneficia con el amparo solicitado.

ADC,SIP,Clarin y Cablevisión

Télam Investiga
La Asociación para la Defensa de la Competencia ( ADC) fue fundada el 21 de noviembre de 2000. Uno de los socios fundadores es Carlos Fernando Rosenkrantz, quien ocupó el cargo de presidente; otro es Gabriel Bouzat, nombrado tesorero de esa asociación.
Los dos fundadores de la ONG son abogados y socios principales de Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, estudio fundado en 1991 y cuya sede comparte con la ONG de la que son autoridades.
En el sitio internet http://www.brya.com.ar/spanish/clientes.html, el bufete de Bouzat y Rosenkrantz, en la sección llamada Nuestros Clientes, informa que 'Las siguientes empresas son o han sido clientes del Estudio y nos han otorgado su autorización para mencionarlas'.
Entre más de una veintena de firmas que destaca, se encuentran Grupo Clarín y Cable Visión. La combinación de representación profesional ejercida por el estudio jurídico a cuenta de intereses individuales, y la gestión institucional hecha por la ADC en nombre del interés público, le permite al bufete brindar servicios que seguramente son valorados por su clientela.
La ONG de Bouzat y Rosenkrantz presentó un amparo a favor de Cablevisión y contrario a la Resolución 100/10 de la Secretaría de
Comunicaciones, por la que se declaró la caducidad de la licencia
para la prestación de los servicios de internet y telecomunicaciones que estaban a nombre de Fibertel, firma que fue absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado.
El 24 de febrero del corriente año, los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo, integrantes de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, resolvieron a favor del amparo presentado por la ADC.
En la mesa de entrada de la Sala III se le informó a Télam Investiga que el expediente del caso Fibertel se halla bajo 'carácter de reservado', mientras que en la oficina de asignación de causas de la Cámara Civil y Comercial en lo federal se le hizo saber que había dos causas iniciadas por la Asociación para la Defensa de la Competencia, ambas contra la Secretaría de Comunicaciones.
Una es 'Asociación para la Defensa de la Competencia c/ Estado Nacional Secretaría de Comunicaciones s/ amparo' y la otra 'Asociación para la defensa de la competencia c/ Estado Nacional, Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica y otros s/ acción meramente declarativa'.
En esta última causa, la ADC se opuso a la Resolución de la Secretaría de Política Económica 148/2010 alegando que la misma le daría 'concentración económica y/o influencia sustancial' a Telefónica de Argentina SA y Telecom Argentina SA.
De acuerdo con la información brindada por la Cámara Civil y Comercial Federal, la ADC no tuvo otras intervenciones.
Por ejemplo, no realizó ningún planteo en defensa de la competencia contra el monopolio de los medios audiovisuales, aún cuando dentro de los propósitos que figuran en el estatuto de la Asociación dice 'promover la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados'.
Los jueces de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal parecen no haber advertido que los representantes de la Asociación para la Defensa de la Competencia -Carlos Fernando Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, Virginia Irene del Aguila y Guillermo Diaz Reynolds- son todos miembros del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, entre cuyos principales clientes figuran Cablevisión SA y Grupo Clarín.

La Confederación agrega a esta información que su Vicepresidente es el Dr. Alejandro Carrió, uno de los defensores de Ernestina Noble. Es primo hermano de la Diputada de la Coalición Cívica, Elisa Avelina Carrió, y no sólo representa a la dueña del multimedios sino que también defiende al diputado empresario colombiano en la causa por el tráfico de efedrina?
Al mismo tiempo, el abogado que es el vice la Asociación por los Derechos Civiles ADC, que se pronunció en contra de la nueva ley audiovisual, objetada por el Grupo Clarin, Noble y De Narváez  es una de las asociaciones que más presiona al estado por la pauta oficial, sin embargo nunca habla de los 12.000 millones de pesos de la pauta privada.

 

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